EE. UU. y otros 15 países critican la regulación de plaguicidas de la UE en la OMC
Estados Unidos y otros 15 países criticaron a la Unión Europea ante la OMC por su enfoque de regulación de pesticidas basado en el peligro, argumentando que perjudica los medios de vida de los agricultores en todo el mundo.
Estados Unidos y otros 15 países lanzaron el jueves una andanada de críticas contra la Unión Europea, afirmando que su enfoque «basado en el peligro» para regular los plaguicidas y otras «herramientas esenciales» utilizadas por los agricultores estaba perjudicando los medios de subsistencia en todo el mundo.
Su declaración, presentada ante la Organización Mundial del Comercio, señalaba que el enfoque de la UE generaba una gran incertidumbre y se apartaba de las evaluaciones de riesgo basadas en la ciencia, creando perturbaciones que amenazaban con intensificarse significativamente en los próximos años.
Hicieron un llamamiento a la UE para que reevalúe su enfoque sobre la aprobación de productos, utilice métodos aceptados internacionalmente para fijar niveles de tolerancia para ingredientes potencialmente nocivos y deje de restringir el comercio de forma «innecesaria e inapropiada».
La declaración contó con el respaldo de Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Malasia, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Afirmaron que los agricultores necesitan tener acceso a la «gama completa de herramientas y tecnologías seguras» para afrontar el desafío de producir más alimentos.
«Sin embargo, la elección de herramientas seguras por parte de nuestros agricultores se ve cada vez más socavada por barreras regulatorias que no se basan en principios de análisis de riesgo acordados internacionalmente y no tienen en cuenta enfoques alternativos para cumplir los objetivos regulatorios», señalaron.
«Esto ya está teniendo un impacto negativo sustancial en la producción y el comercio de alimentos y productos agrícolas inocuos, un impacto que probablemente aumentará en el futuro».
La declaración, remitida para su debate en el Consejo del Comercio de Mercancías de la OMC a finales de este mes, afirmaba que la UE había prohibido efectivamente algunas sustancias que otros miembros de la OMC consideraban seguras.
«Al aplicar estas medidas, parece que la UE está intentando imponer unilateralmente su propio enfoque normativo interno a sus socios comerciales», indicaron.
A pesar de las reiteradas peticiones en la OMC durante los últimos cuatro años, la UE no había explicado qué nivel de protección buscaba ni qué riesgos intentaba mitigar, y había ignorado los comentarios sobre los proyectos de reglamento, afirmaron.
La UE había sugerido que los agricultores podían encontrar «alternativas» para cumplir con las normas comunitarias, pero tales exigencias resultaban vacías, según la declaración, ya que muchos agricultores no disponían de opciones económicamente viables, lo que provocaba un impacto desproporcionado en millones de familias dependientes de la agricultura en economías en desarrollo y países menos adelantados.
Su declaración, presentada ante la Organización Mundial del Comercio, señalaba que el enfoque de la UE generaba una gran incertidumbre y se apartaba de las evaluaciones de riesgo basadas en la ciencia, creando perturbaciones que amenazaban con intensificarse significativamente en los próximos años.
Hicieron un llamamiento a la UE para que reevalúe su enfoque sobre la aprobación de productos, utilice métodos aceptados internacionalmente para fijar niveles de tolerancia para ingredientes potencialmente nocivos y deje de restringir el comercio de forma «innecesaria e inapropiada».
La declaración contó con el respaldo de Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Malasia, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Afirmaron que los agricultores necesitan tener acceso a la «gama completa de herramientas y tecnologías seguras» para afrontar el desafío de producir más alimentos.
«Sin embargo, la elección de herramientas seguras por parte de nuestros agricultores se ve cada vez más socavada por barreras regulatorias que no se basan en principios de análisis de riesgo acordados internacionalmente y no tienen en cuenta enfoques alternativos para cumplir los objetivos regulatorios», señalaron.
«Esto ya está teniendo un impacto negativo sustancial en la producción y el comercio de alimentos y productos agrícolas inocuos, un impacto que probablemente aumentará en el futuro».
La declaración, remitida para su debate en el Consejo del Comercio de Mercancías de la OMC a finales de este mes, afirmaba que la UE había prohibido efectivamente algunas sustancias que otros miembros de la OMC consideraban seguras.
«Al aplicar estas medidas, parece que la UE está intentando imponer unilateralmente su propio enfoque normativo interno a sus socios comerciales», indicaron.
A pesar de las reiteradas peticiones en la OMC durante los últimos cuatro años, la UE no había explicado qué nivel de protección buscaba ni qué riesgos intentaba mitigar, y había ignorado los comentarios sobre los proyectos de reglamento, afirmaron.
La UE había sugerido que los agricultores podían encontrar «alternativas» para cumplir con las normas comunitarias, pero tales exigencias resultaban vacías, según la declaración, ya que muchos agricultores no disponían de opciones económicamente viables, lo que provocaba un impacto desproporcionado en millones de familias dependientes de la agricultura en economías en desarrollo y países menos adelantados.